Arroceros exigen medidas más drásticas para el apoyo al sector ante los efectos del DR-CAFTA
La preocupación del sector arrocero por las consecuencias que traerá para los productores e industriales nacionales de arroz, la liberalización de aranceles en el año 2023, por efectos del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, DR-CAFTA ha motivado a solicitar el apoyo a las autoridades del Ministerio de Agricultura, quienes llevaron una reunión esta semana con representantes de la Asociación Guatemalteca del Arroz (ARROZGUA), la Asociación de Productores de Arroz de Guatemala (APAGUA), la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agrícolas de Oriente (AMEPAO), la Gremial de Molineros de Arroz de Guatemala (GREMARROZ) y representantes de APAGUA Norte y APAGUA Costa Sur.
Durante este encuentro con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, se abordaron los temas del apoyo para continuar con la revisión de lo estipulado en el artículo 3.18 del tratado de libre comercio, el cual establece que la Comisión de Revisión Agrícola debe determinar los efectos que traerá esta apertura del mercado, así como emitir recomendaciones para evitar pérdidas económicas y empleos.
El sector arrocero ve con preocupación la poca o escasa reacción gubernamental frente a este problema que causará la perdida directa de más de 22,500 empleos y de 30 mil indirectos, afectando a más de 264 mil familias que dependen del cultivo.
Dentro de las funciones establecidas en el Reglamento Orgánico Interno del MAGA se establece que debe “participar en la negociación y administración de los tratados internacionales”, así “como contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y gestión de riesgos, fomentar la organización y participación ciudadana que promuevan el desarrollo rural integral y promover acciones para la producción nacional de alimentos que garanticen la soberanía y seguridad alimentarias nutricional” como manda su artículo 4 de dicho reglamento, por lo que el sector arrocero pide enfáticamente que el gobierno cumpla con las acciones reguladas dentro de su competencia.
“Ofrecer semillas o fertilizantes no solucionará la situación de los productores nacionales, necesitamos medidas más drásticas como la que están tomando otros gobiernos de Centroamérica al acompañar las gestiones en Estados Unidos para hacer la revisión agrícola, así como solicitar una prórroga u otorgar compensaciones” argumento Roberto Wong, Director Ejecutivo de la Asociación Guatemalteca del Arroz-ARROZGUA.
El mayor efecto del CAFTA se debe a que cuando se ratificó dicho acuerdo por Estados Unidos y los 7 países, Estados Unidos se comprometieron a revisar los subsidios a la producción agrícola y adecuarlos a las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, OMC, sin embargo, el país norteamericano continuó con esta práctica multimillonaria y desleal frente a sus competidores más pequeños, las subvenciones permanentes a sus productores por medio del Farm Bill alcanzan hasta un 40% del total de los ingresos de los agricultores. Los productores insisten que no es compatible un libre comercio con subsidios, puesto que esa práctica desleal aniquilará a la producción nacional; el artículo 3.18 se incluyó en el Tratado para corregir dicha situación que da ventaja a Estados Unidos.
“Queremos reglas claras y frente a condiciones de desventaja ningún país por muy productivo que sea puede competir, podemos tener semillas mejoradas, pero si Estados Unidos sigue con esas prácticas no podremos sobrevivir, esto afecta la seguridad alimentaria porque el precio final al consumidor dependerá de otros países, para el tercer grano básico de más consumo en Guatemala” indicó Mario Solórzano, Presidente de la Gremial de Molineros de Arroz, GREMARROZ.
El sector arrocero en conjunto se mantiene a la espera de una respuesta del Ministerio de Economía de Guatemala, así como el apoyo de los diputados del Congreso de la República sobre este tema, ya que la comisión de revisión agrícola del DR-CAFTA debió cumplir su mandato desde hace dos años, y su apoyo a los productores estaría acorde al interés que muestran los funcionarios por realmente evitar el desempleo en el país, así como las migraciones.
